Thursday, July 22, 2010

14 - Adiós ENTel

El proceso de privatización de las empresas de servicios públicos bajo control del estado, comenzó en 1987 durante la gestión de Rodolfo Terragno como Ministro de Obras y Servicios Públicos.

Durante su gestión, Terragno trató de llegar a un acuerdo con la empresa Telefónica de España para la privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, más conocida como ENTel.

La empresa se crea en 1956 durante la Revolución Libertadora, luego que en 1947 Juan Domingo Perón durante su primera presidencia, nacionalizara los bienes de la Unión Telefónica, creando de esta forma un monopolio en manos del estado que perduraría por más de tres décadas.

Por motivos coyunturales y una gran oposición por parte de los sindicatos y legisladores del peronismo, el acuerdo de privatización propuesto por Terragno en 1987, fué bloqueado por el Congreso y rápidamente abandonado.

Sería más tarde, en 1989, a los pocos meses de la asunción de Carlos Menem como presidente, que el gobierno nuevamente pone en marcha un agresivo proceso de privatización de las empresas del estado, siendo ENTEL la primera de mayor relevancia.

El 12 de Septiembre de 1989, se emite el Decreto Número 731/89 estableciendo las pautas básicas y facultando al Ministerio de Obras y Servicios Públicos a proceder con la privatización de ENTel.

Entre las pautas a seguir, se establece que la privatización de los servicios básicos telefónicos de la red urbana se llevaría a cabo por medio de la división de la misma en dos áreas geográficas, y la creación de dos empresas a las que se les otorgaría licencias como operadores para la prestación del servicio telefónico básico en cada región.

El 5 de Enero de 1990, el gobierno emite un nuevo Decreto (Número 59/90), con algunas modificaciones al Decreto original. Ahora se incluyen explícitamente los servicios de telecomunicaciones internacionales, y otros servicios como la prestación de comunicación de datos a nivel nacional (ARPAC) y otros servicios de valor agregado.

Se añaden entonces, otras dos empresas al paquete. Estas pertenecerían por partes iguales a las empresas licenciatarias de los servicios de telefonía básicos, las cuales una vez adjudicadas a sus nuevos dueños, gozarían para la prestación de los servicios de un periodo de exclusividad de por lo menos cinco años contados a partir de cumplidos dos años de la adjudicación.

El periodo de exclusividad no se aplicaría en el caso de los servicios de comunicación de datos y de valor agregado a nivel nacional, segmento en el que se establecería un régimen de libre competencia, pero sí a los servicios de comunicación internacional.

El mismo día se emite el Decreto Número 60/90, creando entonces la “Sociedad Licenciataria Norte S.A.”, y la “Sociedad Licenciataria Sur S.A.”, y por el Decreto Número 61/90, la “Sociedad Prestadora del Servicio Internacional S.A.”, y la “Sociedad de Servicios en Competencia S.A.”.

Conjuntamente se emite el Decreto Número 62/90, llamando a un Concurso Público Internacional a partir del 10 de Enero de 1990, y se presenta el “Pliego de Bases y Condiciones” para la participación en el mismo.

En un proceso que muchos calificarían de apresurado y quizás de dudosa transparencia, el 11 de Agosto de 1990, por decreto presidencial Número 2332/90, se adjudica la “Sociedad Licenciataria del Norte” al consorcio conformado por STET, France Cable et Radio, J.P.Morgan Co., y Compañía Naviera Perez Companc, este consorcio ya constituido como empresa más tarde cambiaria su nombre a “Telecom Argentina S.A.”.

En forma conjunta, se adjudica la “Sociedad Licenciataria del Sur” al consorcio conformado por Telefónica International Holding (Telefónica de España), Citicorp Venture Capital, e Inversora Catalinas, este consorcio ya constituido como empresa más tarde cambiaria su nombre a “Telefónica de Argentina, S.A.”.

Telecom Argentina, y Telefónica Argentina, toman entonces también control por partes iguales de la “Sociedad Prestadora de Servicios Internacionales”, que se renombra “Telintar S.A”, y de la “Sociedad de Servicios en Competencia” que se renombra “Startel S.A.”.

Pese a que en el Decreto 731/89 se cita como uno de los objetivos de la privatización el desmonopolizar y desregular el servicio de telecomunicaciones, el hecho de que la división de los servicios básicos de ENTel se hace en forma geográfica, dividiendo al País en dos regiones, Norte y Sur, adjudicadas a cada una de las compañías para la explotación de los servicios básicos en forma exclusiva por siete años, incluyendo los servicios de comunicación internacional, con la posibilidad de extensión por otros tres si se cumplían ciertos requerimientos expresados en el Pliego del concurso público, ahora nos encontrábamos que en vez de estar lidiando con un monopolio, teníamos que lidiar con tres y medio (aún cuando Startel había sido creada en un régimen de competitividad, no existían en ese entonces otras empresas que prestaran servicios de comunicación de datos a nivel nacional).

La toma de posesión y transferencia de ENTel a sus nuevos dueños lleva algunos meses, recién en Abril de 1991 Telintar se da a conocer en el mercado.

Previendo que la privatización de ENTel podría afectar nuestra endeble comunicación con Internet a través del canal satelital que se había obtenido por medio del convenio entre la Secretaria de Ciencia y Tecnología, ENTel y el Ministerio de Relaciones Exteriores; ya había iniciado algunos estudios para determinar si existían otras alternativas de comunicación internacional y reemplazar nuestro enlace analógico por uno digital de mayor capacidad.

La Argentina en ese entonces solo contaba con servicios satelitales para este tipo de comunicaciones internacionales, principalmente a través de la participación de ENTel en el consorcio Intelsat.

Si bien técnicamente era posible disponer de un enlace digital de 64KBps a través del servicio IBS (International Business Services) de Intelsat, el contar con nuestra propia antena para acceder al satélite del lado Argentino, representaba un costo de por lo menos 30.000 dólares mensuales incluyendo el alquiler de los equipos, a lo cual había que sumarle de 7.000 a 9.000 dólares extra para los derechos de uso del transponder satelital, aún utilizando nuestra propia antena, cuya instalación y puesta a punto tenía un costo de por lo menos 50.000 dólares.

Por otro lado existían también trabas en el marco regulatorio de ENTel, y del servicio IBS de Intelsat que no permitían la interconexión de este servicio con una red pública para prestar servicios a terceros.

Dados los costos asociados y el marco regulatorio existente, nos encontrábamos sin una alternativa factible de implementar en el corto plazo.

Pese a esto existía un “loophole” en la regulación de las comunicaciones internacionales que más tarde seria explotado por la comunidad académica para establecer un vinculo alternativo a Internet.

Aprovechando que el proceso de privatización permitió cierta apertura para la prestación de servicios de comunicación de datos y valor agregado a nivel nacional, en 1990 Enrique Pescarmona y Ricardo Verdaguer fundan la empresa IMPSAT.

IMPSAT más tarde jugaría un papel importante, en quebrantar el monopolio de las comunicaciones de datos internacionales, y en el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina y América Latina.

Las siguientes imágenes han sido extraídas del Anexo VII .1 - LIMITES Y DESCRIPTIVO REGIONES NORTE SUR, del Pliego de Bases y Condiciones para el Concurso Público Internacional para la privatización de la prestación del servicio de telecomunicaciones aprobado por el Decreto 62/1990 (5/1/1990).

Las imágenes originales son en blanco y negro, pero para mayor claridad se ha resaltado en color las líneas que delimitaban las regiones Norte y Sur tanto a nivel nacional como en el Gran Buenos Aires y en aquellos entonces la Capital Federal.


Privatización ENTel - Regiones Norte Sur Red Nacional
Privatización ENTel - Regiones Norte Sur Gran Buenos Aires y Capital Federal


Sin duda uno de los motivos que debe ser considerado en el desarrollo de Internet en Argentina, aún cuando los servicios de transmisión de datos y de valor agregado en el proceso de privatización se establecían dentro de un marco competitivo, las comunicaciones internacionales así como el acceso a la infraestructura básica se cedían en un régimen de exclusividad que duraría prácticamente por diez años.




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